Published On: Fri, Sep 30th, 2016

Puerto Rico: Junta de Supervisión establece su control sobre la Isla

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puerto-ricoNueva York – En poco más de 20 minutos, la Junta de Supervisión Fiscal asumió pleno control de las finanzas públicas de Puerto Rico, al incluir bajo su jurisdicción a gran parte de las dependencias gubernamentales, incluido el gobierno central.

Como parte de su primera reunión de organización, en la que se eligió formalmente al experto en seguros José Carrión III como presidente de la Junta federal, seis de los siete miembros decidieron en la práctica controlar la chequera del gobierno, de sus principales oficinas, sistemas de retiro y de la Universidad de Puerto Rico.

Al gobernador, con el que Carrión dialogó ayer, le dieron hasta el 14 de octubre para presentar el plan fiscal.

  Como parte de los acuerdos, el gobernador deberá rendirle cuentas semanalmente de los ingresos y mensualmente precisar cómo cumple con el presupuesto vigente.La Junta – creada para ‘estabilizar’ las finanzas del gobierno y con poder para reestructurar una deuda pública que asciende a $69,000 millones-, aprobó por unanimidad todas sus decisiones, pero el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) José Ramón González se marchó de la reunión antes de que aprobaran incluir decenas de oficinas bajo su jurisdicción inicial.González coordinó los trabajos de la reunión hasta la elección por unanimidad de Carrión, quien fue propuesto por la exdirectora de Finanzas del gobierno de California Ana Matosantos.

Bajo protestas de manifestantes que denunciaron el carácter antidemocrático de la Junta, la reunión de organización puso en marcha la operación de la nueva capa de autoridad que el gobierno federal ha colocado por encima de los funcionarios electos de Puerto Rico.

Carrión, quien ha sido recaudador para miembros republicanos del Congreso y parte de la dirección del Partido Republicano de EE.UU. en Puerto Rico, fue uno de los dos miembros recomendados por el speaker Paul Ryan. Es cuñado del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

El debut de los siete miembros con derecho al voto se dio en el auditorio del edificio Alexander Hamilton del Departamento de Seguridad Interna en el bajo Manhattan y generaría manifestaciones de protestas.

Los miembros de la Junta federal son los republicanos Carrión, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, y los demócratas José Ramón González, Arthur González y Ana Matosantos.

En la reunión se encontraron con el representante del gobernador, el exvicegobernador de Nueva York Richard Ravitch, quien no tiene derecho al voto.

La junta acordó encomendar a una firma la búsqueda de la persona que asumirá la dirección ejecutiva. Para nombrar al director ejecutivo, van a requerir el voto de cinco miembros.

Para otras decisiones rutinarias requerirán el voto de cuatro miembros presentes.

La ley les exige cinco de siete votos para poder forzar procesos de reestructuración de deuda ante un juez federal.

La falta de debate hizo claro que las decisiones estaban tomadas al llegar a la reunión. El representante del gobernador, que por vez primera estuvo con todos ellos en un mismo salón, ni siquiera habló.

En un mensaje por televisión, el gobernador García Padilla anunció en la tarde de ayer que propuso a la Junta, que tiene el poder último sobre los asuntos fiscales, entregar en dos semanas un borrador de una revisión del plan fiscal a largo plazo, actualizarlo en noviembre y suministrar un documento final en diciembre, cuando ya estaría a punto de dejar La Fortaleza.

García Padilla indicó que envió a los miembros de la junta el informe que preparó la exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, el plan fiscal que su gobierno publicó en septiembre de 2015 y la revisión de enero pasado.

El gobernador sostuvo que la protección de los jubilados del gobierno, de los empleos gubernamentales y de la estabilidad de la Universidad de Puerto Rico deben estar entre las prioridades de cualquier plan fiscal.

Hasta la fecha, la estrategia de García Padilla y su equipo fiscal ante los mercados ha sido negociar la deuda de la Isla como un todo. Para ello, en el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico (FEGP, en inglés) se estableció como punto de partida una capacidad de pago fija a nivel del presupuesto consolidado, excluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Esa partida de servicio a la deuda rondaría unos $1,800 millones por año. Al presente, si se pagara la deuda, esta rondaría unos $3,900 millones, incluyendo AEE y AAA.

Sin embargo, para efectos de la renegociación de la deuda pública, PROMESA provee un mecanismo voluntario y un mecanismo por la vía judicial, pero este -contrario al plan impulsado por García Padilla- contempla entrar en ese proceso con los acreedores por cada emisor de deuda.

La decisión más impactante sería si asumen jurisdicción sobre los bonos de obligaciones generales, lo que implicaría “quitarle la chequera” al Departamento de Hacienda, indicó el economista Gustavo Vélez.

Las expectativas son que la Junta establezca un procedimiento por el cual traten de tener un director ejecutivo para su reunión de octubre o mediados de noviembre, encuentro que se llevaría a cabo en San Juan.

Aunque el redactor principal de la ley PROMESA, Bill Cooper, ha sido mencionado antes en tándem con Carrión, fuentes federales y el comisionado Pierluisi han indicado que el director ejecutivo debe dominar tanto el inglés como el español. Pero, es al presidente de la Junta al que le corresponderá recomendar el director ejecutivo, con el consentimiento de sus colegas.

(Joanisabel González colaboró con este reportaje desde San Juan).

Fuente:elnuevodia.com

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